La investigación se desencadenó a partir de una denuncia conjunta del fiscal de Estado de Córdoba, Jorge Eduardo Córdoba, y el procurador del Tesoro de la Nación, Mariano Andruet. Además de la fiesta, también se investiga la construcción de una cancha de fútbol dentro de la zona protegida. Según la acusación, Ferreyra habría autorizado el evento “Año Nuevo en el Museo” a pesar de haber recibido una negativa expresa de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. El fiscal Hairabedian enfatizó que la fiesta se realizó en una “zona roja” de altísima protección por su valor arqueológico, cultural e histórico, contraviniendo leyes que exigen la preservación del patrimonio.

Junto a Ferreyra, fueron imputados como “partícipes necesarios” los empresarios Gustavo Agustín Cadamuro, Mariano Miretti y Carlos Daniel Garrido, quienes habrían gestionado los permisos municipales y servicios para el evento. A pesar de la falta de autorización nacional, la Municipalidad de Jesús María otorgó el permiso mediante un decreto.

La defensa de Ferreyra argumenta que la directora de la Comisión Nacional de Museos (CNM), su jefa directa, sí autorizó la fiesta y lo felicitó por buscar recursos ante la suspensión de partidas nacionales. Sostienen que no hubo daño y que los fondos obtenidos se utilizaron para reparaciones y mantenimiento que, de otro modo, no se habrían realizado. Además, cuestionan la validez de la objeción de la CNMLBH, un ente que fue disuelto por el Gobierno nacional.

El fiscal Hairabedian expresó su preocupación por las “consecuencias gravosas” para el patrimonio cultural, advirtiendo que el evento podría poner en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad no solo de la Estancia de Jesús María, sino de todas las estancias y manzanas jesuíticas de la provincia.

Fuente: La Voz.